ISAÍAS AL BATE

Análisis

ISAÍAS  AL BATE

17/07/2002

Manuel Felipe Sierra

El Fiscal General de la República Isaías Rodríguez, tiene plazo hasta hoy para exponer las razones que tiene para abstenerse o no seguir interviniendo en las investigaciones que se derivan del cúmulo de acusaciones sobre presuntos delitos de corrupción que podrían conducir el enjuiciamiento penal del presidente Chávez. Al alto funcionario se le presenta la oportunidad histórica de escoger entre su dignidad y su responsabilidad profesional o la sumisión –en condiciones obviamente vergonzosa- ante su jefe político.

Hasta ahora, la Fiscalía General, como el resto del Poder Ciudadano ha dado demostraciones de una obsecuente obediencia a las directrices que se trazan desde Miraflores.  Instancias que deben responder esencialmente a los reclamos de la ciudadanía han servido de comparsa en un proyecto político que pasa por vulnerar aspectos sustanciales de la legalidad.

Rodríguez no es un funcionario independiente.  Fue dirigente destacado del Movimiento Quinta República, vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente y el primer vicepresidente ejecutivo de la República en el organigrama establecido por la Constitución Bolivariana.  Su designación como Fiscal General de la República se produjo como una manera de blindar los espacios del poder público en función de los intereses del oficialismo.

Su actuación ha estado marcada por la complacencia.  El 23 de mayo, una nutrida manifestación de la sociedad civil y los partidos políticos de la oposición solicitó su renuncia.   Rodríguez no entendió el mensaje que ello implicaba.  Si bien es cierto, que funcionarios del organismo actuaron de acuerdo a sus responsabilidades en el caso de los tres indiciados por la masacre del 11 de abril -puestos en libertad la semana pasada por la grosera y provocadora decisión de una jueza- también lo es, que la mayoría de las denuncias formuladas ante el organismo no han sido procesadas con la diligencia que su gravedad entraña.

Ante las querellas planteadas por el abogado Tulio Álvarez, representantes de los partidos políticos, los familiares de las víctimas de los sucesos de abril y de organizaciones de la sociedad civil ante el Tribunal Supremo de Justicia, que comprometen la responsabilidad del jefe del Estado; y que van desde la obtención  de aportes a su campaña que no fueron declarados en su oportunidad ante el CNE, la violación masiva de los derechos humanos y actos evidentes de malversación administrativa, el Fiscal General tendría que actuar.  Pero existen fundadas dudas de que éste lo haga, tomando en cuenta su comportamiento hasta ahora, que entre otras cosas, ha contribuido a la creación del espeso clima de impunidad que reina en el país. 

El Fiscal General debería abstenerse.  Su conducta  ajena al mandato que le fue conferido y su compromiso en términos militantes con el gobierno ya ha sido juzgada por la opinión pública.  Si Rodríguez no lo hace ello significaría un desafío a la conciencia nacional y obligaría al Tribunal Supremo de Justicia a decir la última palabra.  Por supuesto, abstenerse implicaría moralmente su decisión de renunciar.  Ello sería sano para él, para la independencia de los poderes y comportaría un elemento, de alguna manera tranquilizadora, en un ambiente de sostenida y peligrosa confrontación política.