LA HORA DEL CRIMEN

Análisis

01/10/2002

LA HORA DEL CRIMEN 

Manuel Felipe Sierra

El cuerpo maniatado, con un siniestro mensaje tatuado sobre sus espaldas a favor de la revolución, de Estrella Castellanos abandonado en una calle del Country Club, no es sólo una nueva agresión del oficialismo contra sus adversarios.

Es mucho más que eso.  Indica que la escalada de violencia  ha cobrado nuevas formas. Ya no se trata de la permanente acción intimidatoria de los círculos bolivarianos.  Ni las acciones violentas e indiscriminadas contra los periodistas. Ni el vasto operativo de amenazas telefónicas y personales contra columnistas y dirigentes opositores.

Lo ocurrido con la dirigente de Mujeres por la Libertad, hay que interpretarlo como una fase, si se quiere terminal, en los planes represivos del gobierno y en el comportamiento de  los grupos fanatizados por el  discurso  de Chávez. Ello se da dentro de un cuadro caracterizado por una  respuesta cada vez más vigorosa de la oposición (de manera especial por los factores de la sociedad civil) que seguramente tendrá una expresión decisiva en la marcha convocada para el 10 y en el paro cívico propuesto para días después;  y por una odiosa impunidad que opera como estímulo para el vandalismo y la violencia organizada.

El primer elemento está claro. El gobierno apostaba a un cansancio de sus opositores por la vía de incesantes marchas y protestas. Pero ha sido todo lo contrario. La disposición de tomar la calle ya  no es sólo producto de los  “escuálidos” refugiados en Caracas. En las dos últimas semanas en todo el país cientos de miles de personas han protagonizado robustas manifestaciones. El cacerolazo dejó de ser un arma en manos de las “sifrinas” del Este caraqueño y ahora es un instrumento que suena en los más remotos espacios del país. “La  vigilia por la libertad” en la plaza Chuao el jueves pasado, -que por cierto  derogó de facto el decreto que reserva las zonas de protección militar- actuó como un detonante para las acciones de masas que ahora se anuncian.  Frente a esta realidad (que cancela la que siempre fue una ilusoria posibilidad de diálogo) Chávez refuerza su estrategia de radicalizar el proceso subiendo el tono de sus propuestas “revolucionarias”.

Pero también como contrapartida, pesa demasiado el clima de impunidad que concede luz verde a las brigadas oficialistas, llamadas con propiedad los “tontons macouttes” venezolanos. ¿En que  país del mundo el agresor de Henríque Salas Römer, cuyo rostro quedó grabado en los videos, no fue objeto de una elemental detención policial?. ¿Cómo se explica que quienes destruyeron la unidad móvil de Globovisión hace dos semanas, públicamente identificados, ni siquiera fueron trasladados a una prefectura para la investigación de rigor?. La explicación es muy sencilla.  En Venezuela se ejerce un terrorismo de Estado, y no es verdad que exista un cuadro de  enfrentamiento  entre dos bandos. Existe, ciertamente, una aguda confrontación política, pero a diferencia de Colombia, el uso de la fuerza, en este caso es privilegio del gobierno.

En los próximos días desde el poder  (para estos fines se usa ahora también a la Guardia Nacional) se acentuará la ofensiva represiva y seguramente se reproducirán casos como el de la señora Castellanos. Pero ello será contraproducente a la postre. El descontento popular será cada vez mayor y no solamente en rechazo a las políticas de Chávez sino -lo que es mucho más importante- en defensa de la cultura democrática instalada hasta los huesos en la mayoría de los venezolanos.