Análisis
08/04/2002
LA NUBE DE CHÁVEZ
Manuel Felipe Sierra
Que en cuatro meses se produzcan dos paros cívicos masivos es una inconfundible señal de insatisfacción popular. El 10 de diciembre 2001, la acción convocada por Fedecámaras con el apoyo de la CTV, paralizó más del 80% de la actividad productiva en protesta por la aprobación discrecional por el presidente Chávez de 49 proyectos de la Ley Habilitante. En aquel momento el gobierno pareció prestarle poca atención a la protesta. Chávez aún contaba con altos niveles de credibilidad y los factores de la oposición no habían dado demostraciones convincentes de su capacidad para nuclear a los factores descontentos.
Ayer - promovido por la CTV y con el apoyo de Fedecámaras y de organizaciones no gubernamentales - se cumplió un paro similar de 24 horas en solidaridad con el conflicto que durante 7 semanas mantienen los empleados de PDVSA y que ha llegado a la fase crítica del cierre de plantas y el desabastecimiento de combustibles. Si el paro de diciembre tuvo una receptividad mucho más allá de los sectores involucrados y dio inicio a un período de alteración política que se expresó en manifestaciones, protestas diversas y hasta reiterados pronunciamientos militares, la reciente acción, si bien no alcanzó el impacto de la anterior, se dio en medio de otras circunstancias. El conflicto de PDVSA es una señal de la actitud cada vez más activa de sectores sociales dispuestos a enfrentar al gobierno, no sólo en busca de una rectificación sino incluso en procura de la salida del mandatario. Al mismo tiempo, el gobierno no sólo tomó las medidas preventivas elementales sino que aprovechó esta coyuntura para acentuar su proceso de radicalización.
La alocución del presidente el día 7, redefine el rumbo autoritario del gobierno. Comparar el cierre de la refinería de El Palito con la voladura de un oleoducto, como lo suelen hacer las guerrillas colombianas como acciones igualmente terroristas, es más que una exageración. La incautación de los medios de comunicación privada durante dos días para transmitir mensajes oficialistas; la presencia del alto mando militar en las instalaciones petroleras; la acción intimidadora de los círculos bolivarianos y las presiones de toda naturaleza contra gremios profesionales y sindicales (lo cual no ocurrió en la misma proporción el 10 de diciembre) revela que el gobierno se prepara para los costos y las implicaciones de una confrontación abierta e irreversible.
El paro se cumplió con intensidad variable en todo el país. Su cobertura fue menor que la registrada cuatro meses atrás. Pero la lectura política es mucho más grave: demostró la disposición del gobierno a profundizar su tendencia represiva y a despojarse de los velos que aconseja la prudencia democrática; y evidencia al mismo tiempo, la decisión de sectores y factores políticos nuevos a confrontarse – no sólo en el ejercicio retórico de la democracia – sino en el terreno de la más dura e impredecible batalla social. En otras palabras: es ahora cuando comienza una lucha inédita para el gobierno (que había gobernado tres años sin oposición consistente) y para los sectores antichavistas que cada vez se convencen más de que no están enfrentando a un régimen democrático convencional sino a un equipo de gobierno que usa impunemente la provocación y se identifica con sutiles pero también desembozadas prácticas autocráticas.
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