“PUEBLO ACOSADO Y PAIS DESECHO”

EN 3 Y 2

“PUEBLO ACOSADO  Y PAIS DESECHO”

14/09/2003

Manuel Felipe Sierra

En una precisión acertada, propia del periodismo norteamericano, en un reciente editorial de los “Ángeles Times” sobre la crisis venezolana se señala: “nada de lo que se está haciendo por parte de el régimen ayuda a su acosado pueblo o a su país desecho. Por su bienestar, Chávez debería someterse a unas elecciones justas y democráticas. Si pierde, deber irse. En caso contrario, debe aunar esfuerzos con sus adversarios a fin de reconstruir el país con prontitud”.

Ese y no otro es el asunto de fondo. Más allá de la decisión del Consejo Nacional Electoral sobre la validez de las firmas recaudadas el 2 de febrero, está en juego el destino de la sociedad venezolana. No se trata de un problema puramente electoral, de un acto eleccionario convencional. Hoy se procura reactivar el referéndum revocatorio, porque de acuerdo a la Constitución el acto procede con absoluta legitimidad. Pero lo que está en contienda no es la salida de un mandatario, como todos circunstancial; ni de un equipo de gobierno que ha frustrado las expectativas populares y conducido a la nación a un cuadro de insólita devastación. El referéndum revocatorio es una instancia a la cual se recurre después de numerosas e históricas acciones que dominaron el 2002. Desde los paros cívicos nacionales, los hechos del 11 de abril y la solicitud del referéndum consultivo, el país requiere de una salida a una inaguantable crisis de ingobernabilidad, de una válvula de escape, para que la inmensa mayoría de los venezolanos pueda reencontrar los cauces de la recomposición democrática y sentar, en consecuencia, la reconstrucción material de Venezuela.

Para el oficialismo -y su estrategia ha tenido éxito por las obvias debilidades de la oposición organizada- se trataría de una simple votación. Nada tiene que ver el referéndum revocatorio presidencial con las consultas electorales referidas a gobernadores, alcaldes o representantes legislativos. Cuando a mediados del año pasado el alto gobierno solicitó, la presencia del secretario general de la OEA, César  Gaviria, como facilitador de una Mesa de Negociaciones y Acuerdos entre el gobierno y la oposición, admitía, de hecho, que el drama venezolano había desbordado los canales normales establecidos en el texto constitucional y que se requería de una operación política excepcional capaz de encontrar una solución a un clima de severa radicalización política. Cuando más de tres millones de venezolanos suscribieron el 2 de febrero, la petición del referéndum revocatorio no estaban cumpliendo solamente con un mandato legal sino que agotadas otras formas de expresión y de luchas, escogían un mecanismo que permita la reconducción del Estado y, obviamente, la salida de un mandatario que ha desnaturalizado su legitimidad de origen.

Por eso son torpes y si se quiere infantiles las maniobras del chavismo para bloquear, dilatar e impedir la realización de la consulta refrendaria. Para poder gobernar en la condiciones mínimas de tranquilidad que obligan a un jefe de Estado y para establecer reglas claras e incuestionables es necesario que la población vaya a una decisión que pasa por las urnas electorales. Es, exactamente, lo mismo que Chávez le solicitó a los venezolanos en relación a la necesidad de un proceso de relegitimación de sus instituciones y que la vasta y robusta cultura democrática del país le facilitó sin obstáculos ostensibles.

El país (y ello explica el atento seguimiento de la comunidad internacional, reforzada con la declaración de la Unión Europea y las observaciones del gobierno de Estados Unidos), requiere de una salida que no esta limitada solamente a una gestión gubernamental en particular, sino que responde a una determinación mucho más crucial, que supone la escogencia de los mecanismos democráticos que hoy definen la geopolítica planetaria o un régimen avecindado cada vez de manera más humillante a las ruinas del fracaso fidelista.

Por eso, el tema del referéndum revocatorio no tendría que abordarse bajo una óptica estrictamente jurídica. Es un hecho político y decisivo para el futuro de la nación. Más allá de las maniobras que puedan ejercerse ante el Tribunal Supremo de Justicia y el CNE, lo cierto es que el país no soporta por más tiempo -y el principal afectado es el propio régimen- una situación que pulveriza el Estado de Derecho y profundiza mas que una crisis, una catástrofe de impredecibles, pero en todo caso, de costosos resultados en el orden económico y social. De allí que el editorial del diario estadounidense tenga el sentido de una irrefutable sentencia.

EL HONOR

DEL UNIFORME MILITAR

Desde el 22 de octubre hasta el 30 de diciembre del 2002 a las nueve de la mañana el general de división de la Guardia Nacional Carlos Alfonzo Martínez, subía a la tarima de la plaza Altamira. Cosa curiosa: no hablaba de temas militares. Se trataba de una suerte de clase de moral y cívica. El 4 de diciembre en la plaza de la Meritocracia en Chuao fue objeto de una insólita agresión por parte de oficiales con quienes había compartido muchos años de academia y de trabajo. El 30 de diciembre fue hasta la plaza Madariaga de El Paraíso, frente a la sede de la GN para arengar a los oficiales y efectivos de la institución sobre la necesidad de reforzar los mecanismos propios de la democracia y también de la institución. Fue detenido, ruleteado, víctima de las amenazas de los círculos bolivarianos y posteriormente recluido en su residencia de Fuerte Tiuna. El Tribunal Supremo de Justicia sentenció que no había cometido delito alguno. Pero siguió confinado al ámbito hogareño. El miércoles 10 (mediante una aparatosa operación militar) fue trasladado a Ramo Verde donde permanece en la condición de un reo común. Desde ese lugar, simboliza la rebeldía, la honestidad, la integridad y sobre todo lo que él seguramente, asume con mayor entereza: la dignidad del uniforme que usó durante 30 años al servicio del país.

EN GUAYANA

GANA LA DELINCUENCIA

A las ocho de la mañana el Caroní es un espejo. La Llovizna descarga sus aguas milenarias. En el hotel Intercontinental Guayana en Puerto Ordaz, decenas de personas se reunen en el foro organizado por el diario El Nacional: “Empresas Básicas: inversiones financieras o plataforma para el desarrollo”. Miguel Henrique Otero, Héctor Silva Michelena, Luis Alvaray, Armando León,  Maritza Izaguirre y este columnista como moderador, debatieron sobre un tema que no sólo interesa  a la región sino que ha tenido pertinencia y ahora más que nunca en función de los intereses nacionales. Ciudad Guayana sigue siendo una ciudad consecuente con una impecable planificación arquitectónica. Pese a que los problemas que vive el país estos tienen una incidencia menor en la región. Sin embargo, sus habitantes resienten un incremento exponencial de la delincuencia, altos niveles de desempleo como efecto de la falta de inversiones extranjeras y un pésimo servicio en materia de salud. Cuando se deja atrás el corazón guayanés hay razones para pensar que hasta El Dorado se ha convertido en una utopía casi marchita