SESENTA DÍAS

     Análisis

10/06/2002

SESENTA DÍAS

Manuel Felipe Sierra

 Los signos de la violencia se han acentuado de manera irreversible en los últimos dos meses.  La capacidad de maniobra del gobierno parece reducida al estimulo de los círculos bolivarianos, algunos de los cuales funcionarían como fuerzas paramilitares.  Mientras tanto su aislamiento se hace cada vez mayor de cara a la sociedad.  Era de esperarse que en dos meses la situación en el seno de la Fuerza Armada Nacional hubiera encontrado la vía para superar una creciente y riesgosa fragmentación.  Pero ello no ha ocurrido.  Hoy como nunca la institución castrense es víctima de la anarquía y de la pérdida de credibilidad.

La sociedad civil, en cambio, ha dado demostraciones de una fortaleza que resultaba impensable. La vigilia celebrada la noche del sábado en la Plaza Altamira por los familiares de los militares implicados en los sucesos del 11 de abril, más allá de su cantidad, reveló una decisión de lucha poco común en Venezuela en los últimos tiempos.  Lo mismo puede decirse  de la acción convocada para el 20 de este mes por un grupo de militares uniformados.   

La crisis de gobernabilidad aproxima de esta manera una salida de fuerza ante la ausencia de otras alternativas.  Ya no se trata del rechazo al proyecto bolivariano, ni de la inviabilidad de éste.  No se trata tampoco del dilema chavismo-antichavismo o gobierno y oposición; sino de una patética incapacidad para gobernar, de una ineficiencia que mantiene al país en un estado de parálisis general.  

Después de dos meses, el gobierno no ha tenido respuestas medianamente eficientes para conjurar las causas de las curiosas circunstancias que rodearon aquel vacío de poder.  La exhortación al diálogo no pasó de ser un simple recurso para ganar tiempo.  En verdad, nunca hubo la decisión firme de convocar a un esfuerzo nacional para reconstituir los mecanismos de la convivencia democrática.  Esta no podía darse sin la presencia activa de Fedecámaras, la CTV, las expresiones más relevantes de la sociedad civil, los partidos políticos ni los medios de comunicación.

No podría darse tampoco, mientras el presidente Chávez insiste en mantener un doble discurso: la gestión conciliadora del vicepresidente Rangel por una parte y por la otra la amenaza reiterada “de aplicar mano dura a las televisoras que trasmitan propagandas desestabilizadoras”, como lo anunció en su programa Aló Presidente del pasado domingo.  Por supuesto, de aplicarse este criterio debería salir del aire el canal 8 desde donde el mandatario dirige  su guerra verbal de todas las semanas.    

La posibilidad de una rectificación económica, otra de las promesas derivadas de los sucesos de abril (pese a los esfuerzos de los ministros Nóbrega, Pérez y Rosales) no ha pasado de una serie de anuncios débiles e insuficientes para encarar una crisis económica que ya tiene expresiones sociales dramáticas en la caída del consumo, el aumento del desempleo y el rebrote de la delincuencia.  Y además en una percepción nacional e internacional de que Venezuela es un país colocado ante la disyuntiva de una mediación internacional, como única forma capaz de fortalecer los resortes democráticos de una sociedad en acelerado proceso de disolución y conflicto.  Todo esto ha ocurrido en sólo dos meses.