A 20 años del 27-N del 92
EL GOLPE DE LOS VÍDEOS
La intentona golpista del 4 de febrero de 1992 encabezada por Hugo
Chávez, fue conjurada en pocas horas pero sus consecuencias políticas habrían
de persistir en el tiempo y el gobierno de Carlos Andrés Pérez entraba en una onda de ingobernabilidad. La
conspiración logró acumular el mayor
poder de fuego que se recuerde en las rebeliones militares venezolanas y dejó
en claro el resquebrajamiento de la estructura castrense. La acción se insertaba además en una sostenida tensión
política, si bien los indicadores económicos reflejaban una línea de
crecimiento.
Chávez
se convertía milagrosamente en una figura emblemática para la izquierda radical
y para quienes venían apostando desde hacia meses al colapso del modelo
democrático. El discurso de Rafael Caldera en el Congreso aquella mañana
introdujo una variable en las expectativas electorales para la escogencia
presidencial del año siguiente. El expresidente advirtió entre otras cosas:
“Hay un entorno, hay una situación grave en el país y si esa situación no se
enfrenta, el destino nos reserva muchas y muy graves preocupaciones”. Un
reporte de la AFP
del 10 de febrero tomaba el pulso de la opinión pública: “A cinco días de la asonada
que estuvo a punto de quebrar el régimen democrático venezolano, muchos de sus
líderes parecen compartir sin reservas una conclusión: La democracia y los
partidos deberán recuperar el afecto popular o las tribulaciones apenas habrán
comenzado”. Los oficiales golpistas en sus declaraciones insistían en que la
causa de la intentona habían sido la corrupción y los privilegios de las
jerarquías militares. Recogiendo una exigencia nacional, Pérez designó un
Consejo Consultivo presidido por Ramón J. Velásquez, que a los días presentó
una primera evaluación sobre el cuadro político y propuso un conjunto de
recomendaciones para transmitir confianza a la nación.
Las propuestas,
sin embargo, fueron rebasadas por la
dinámica de los acontecimientos. Durante todo el año 92 la oposición pasó a la
ofensiva y cobraron fuerza los llamados del grupo “Los Notables”, que mediante
comunicados y declaraciones planteaban la renuncia de Pérez como un requisito
para superar el vacío político. Se replantaba también la conveniencia de convocar
a una Asamblea Constituyente y el propio mandatario declaró que esta vía de
ninguna manera estaba descartada.
En
un creciente cuadro de rumores el ministro de la Defensa , Fernando Ochoa
Antich, citó a Fuerte Tiuna al secretario general de COPEI, Eduardo Fernández para
darle cuenta de la gravedad del momento y de la conveniencia de que el
principal partido opositor ingresara al gobierno para fortalecer el sistema
democrático. La mayoría de la dirección copeyana rechazó el planteamiento, pero
en una reunión crucial, el expresidente Luis Herrera Campíns explicó que era el
momento de hacer un sacrificio en aras de la estabilidad democrática, tal como
lo había hecho Caldera durante el gobierno de Betancourt frente al peligro
golpista.
Humberto
Calderón Berti e Ignacio Moreno León fueron a los ministerios de Relaciones
Exteriores y al Fondo de Inversiones para apuntalar el gabinete, pero a los tres meses debieron abandonar los cargos
ante el convencimiento de que la situación tendía a complicarse. Ya estaba en
marcha una nueva conspiración. Los contralmirantes Hernán Gruber Odremán y Luis
Enrique Cabrera Aguirre, el general de la aviación Francisco Visconti, el
coronel del ejército Higinio Castro, el capitán de fragata Ramón Rodríguez
Chacín, y el mayor de la FAN Carlos
Salima encabezaban un plan conspirativo, y sostenían reuniones con sectores
independientes para la constitución del “Movimiento Cívico-Militar 5 de julio”.
Las organizaciones de izquierda Bandera Roja y Tercer Camino (dirigido por
Douglas Bravo) también se incorporaron a la estrategia subversiva.
Hugo
Chávez, preso en Yare, se sumó a la conspiración con un proyecto propio que
consistía en aprovechar el pronunciamiento en marcha para fugarse del penal y
presentarse a Venezolana de Televisión, cuya toma se consideraba prioritaria y
transmitir desde allí su mensaje bolivariano. La operación fue encomendada a
los capitanes Antonio Rivero y Francisco Ameliach, quienes grabaron un
mensaje del prisionero. El grupo original también había realizado grabaciones
desde un improvisado estudio en el CCCT para dar a conocer una junta militar
presidida por el contralmirante Gruber Odremán ante la negativa de varios
civiles a integrarla. La asonada fue planificada inicialmente para el 4 de
octubre y pospuesta en varias ocasiones por diferencias entre los promotores y
Chávez; y ante la constatación de que habían
ocurrido delaciones. En la madrugada del 27 los contralmirantes Gruber
Odremán y Cabrera Aguirre se declararon en rebeldía en el Museo Histórico Militar
de La Planicie ,
se procedió a la toma de VTV y se activó el grupo de aviadores comandado por el
general Visconti.
Cuando el capitán de
corbeta J. R. Osío Reyna llegó al Canal 8 con los vídeos que anunciaban la
junta militar, se encontró que la planta había sido tomada por grupo de atacantes
encabezados por el capitán Jesse Chacón. Los vigilantes José Guillermo Rueda y
José Vegas fueron asesinados brutalmente y desde el Estudio 1 se transmitía el
video con el mensaje de Chávez por un grupo de civiles que hacían llamados a la
rebelión. A las 8 de la mañana el canal fue rescatado por un comando de la Guardia Nacional , y durante la
refriega se registraron numerosos muertos y heridos, además de considerables
daños a las instalaciones. Horas
después, cuando comenzaron los vuelos de los aviones rebeldes sobre Caracas, ya la intentona había fracasado técnicamente. A las 4 de la tarde los jefes golpistas se rindieron y otros comprometidos
escaparon a Perú donde fueron recibidos por Alberto Fujimori como perseguidos
políticos. Las cifras oficiales hablaron de 171 muertos (142 civiles y 29
militares) y las extraoficiales de 300 víctimas y de 95 militares heridos.
Quinientos oficiales y suboficiales fueron arrestados junto con 800 soldados
sin rango y 40 civiles; de ellos sólo 196 fueron llevados a un tribunal
militar; 97 fueron condenados y el resto fueron absueltos. Una semana después la Corte Suprema de Justicia anuló
los juicios y al cabo de un año fueron liberados plenamente por los gobiernos
de Ramón J. Velásquez y Rafael Caldera.
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