Manuel Felipe Sierra

LA RECONCILIACIÓN

El lunes 15 de abril se abre una nueva página en la historia venezolana. Más allá de quien resulte electo Presidente de la República en la consulta del día de hoy, se iniciará un proceso de transición. De resultar electo el aspirante del oficialismo (si bien éste mantendría el discurso radical ahora con más razón para acentuar el legado de Chávez), en la práctica estaría obligado a un nuevo giro en la manera de conducir el Estado. Su condición de civil después de un mandato con acento militarista durante trece años y sus experiencias en el mundo sindical y parlamentario, lo hacen más propensos a las aproximaciones, las negociaciones y el diálogo. No cabe duda que el cuadro de polarización de los últimos años era decisivamente estimulado por el estilo autoritario y confrontador de Chávez.

El nuevo mandato en cambio se caracterizaría por un trabajo de equipo, más colectivo, lo cual también facilitará el juego de tendencias de los factores que conviven en el seno del chavismo. Además, en lo inmediato tendrá que afrontar decisiones inevitables en el plano económico que resultan indispensables para incrementar la producción y la productividad, amén de estimular la inversión nacional y extrajera. Ello ya supone una flexibilización importante de las líneas económicas adelantadas hasta ahora. Más que una revisión autocrítica del comportamiento económico ello obedecería a una necesidad objetiva e insalvable: evitar lo que se pronosticaría como un severo colapso de la economía, con las implicaciones que ello tiene en el orden político y social. Estas medidas implicarían el concurso del sector empresarial privado y otros factores de la sociedad lo cual abre los espacios del diálogo cerrados hasta ahora.

Si la victoria corresponde al aspirante opositor se haría más urgente la convocatoria a un amplio acuerdo nacional que trascienda a los partidos políticos, para impulsar una transición que permita el retorno a la plena normalidad democrática. Varias son las tareas en este sentido. En primer término, se impone la reinstitucionalización de la República. Como se sabe en la práctica existen dos constituciones. La Constitución Bolivariana de 1999 y una de facto construida a través de leyes por la vía habilitante que conforma el andamiaje jurídico que le permitió a Chávez avanzar en su proyecto autocrático. El restablecimiento de los valores democráticos resulta entonces indispensable para la aplicación del programa propuesto por el candidato ganador. Otras medidas requerirán también de un amplio concurso nacional. La recuperación del aparato productivo (destruido por la política de los últimos años) sólo será posible mediante un acuerdo de empresarios, trabajadores y de la sociedad civil. Tarea similar supone el regreso de PDVSA a su condición de empresa petrolera ahora convertida en un enorme fondo financiero para los planes asistencialistas y la ayuda a otros países. Las Fuerzas Armadas tendrían que regresar a su condición profesional como institución que vela por la integridad territorial y la soberanía, y no como ahora que funcionan como el soporte armado de un proyecto ideológico. El tema de la alianza estratégica con Cuba que ha facilitado la injerencia indebida del régimen castrista en asuntos claves de la política nacional, también requiere de un consenso y de negociaciones. Ninguna de estas materias puede resolverse por la vía de los decretos y las decisiones ejecutivas sino a través de entendimientos y acuerdos mínimos entre los factores implicados en estos temas.

Sólo por este camino es posible recuperar un cuadro de reconciliación política y social. En este sentido, tiene una enorme importancia la exhortación hecha por un grupo de personalidades encabezados por el Cardenal Jorge Urosa Savino para crear las bases de un amplio diálogo, que respetando las diferencias políticas e ideológicas, genere las condiciones para superar el escenario de conflictividad que se ha vivido en estos años.