El Carabobeño

Mardo y el Sierra Nevada

Pocos gobiernos en el mundo han escapado a la acusación de ejecutorías contrarias al buen manejo del dinero público. Durante años se trató de un tema que subía de tono cuando dictadores y gobernantes autocráticos abandonaban o eran echados del poder. En los tiempos modernos la corrupción es ya una subcultura universal y si no que lo diga la novedosa experiencia de China, donde la conducción del Estado va asociada a un desenfrenado enriquecimiento de los altos funcionarios.

Si hubiera que ubicar el tema en Venezuela (obviamente Gómez y Pérez Jiménez fueron objeto de sanciones, persecuciones y juicios por esta razón) en la etapa democrática el proceso comienza con el famoso buque Sierra Nevada en 1980, durante el gobierno de Luis Herrera Campins. Siendo ministro del FIV Leopoldo Díaz Bruzual obtuvo la información de que existía un sobreprecio en la compra del Sierra Nevada, durante la época de Carlos Andrés Pérez, un barco para palear una situación abrumadora de importaciones de alimentos.

La denuncia dio pie para que las responsabilidades pudiesen llegar hasta el Presidente saliente, quien ya apuntaba como aspirante a la reelección, lo cual facilitó entre sus adversarios una verdadera conspiración de largo alcance. Era muy sencillo: si se enjuiciaba a CAP por corrupción, se le cerraba el paso a quien desde ya se perfilaba como una opción eventualmente ganadora en las votaciones de 1988. Y así ocurrió. Se confabularon en este objetivo sectores de AD vinculados al propio Betancourt, COPEI, el MAS y otros factores que le temían a su reelección. Se instruyeron expedientes, se elaboró un informe parlamentario conocido como Tenorio Sifontes (elaborado por uno de los fundadores de URD) y se presentaron ante el Congreso sus conclusiones, las cuales lo condenaban (sin que en verdad existieran suficientes elementos de juicio) por razones políticas, administrativas y hasta morales.

Pérez se convirtió en el ojo de la tormenta y todo parecía indicar que habría de ser la víctima propiciatoria de una eficaz operación de retaliación política. ¿Pero quienes promovieron la acción tenían acaso idea de lo que ello iba a representar en el futuro? Recuerdo que en esos días, como reportero de El Diario de Caracas, tuve una conversación privada con el Expresidente en su oficina de la Torre Las Delicias en la avenida Libertador. Hombre sereno a pesar de su vehemencia oratoria, un tanto compungido y frente a un ocasional trago de whisky me confesó: “si el juicio procede como ellos quieren, la democracia lo va a pagar muy caro”. Y así fue.

Pérez se salvó de la cárcel pero quedó estigmatizado no sólo él, sino los gobernantes siguientes. Un hombre de honestidad más que comprobada como Luis Herrera Campins, conoció la persecusión contra tres de sus exministros de la Defensa y otros altos funcionarios de su gestión. Jaime Lusinchi tuvo que abandonar el país bajo el peso de sanciones semejantes. El propio Carlos Andrés Pérez fue depuesto en un golpe parlamentario en 1993 por razones similares. También varios ministros de Caldera optaron por el exilio. La corrupción se había convertido ya en un pretexto eficaz para descalificar gobernantes sin que en muchos casos existieran razones concretas para ello, pero además en una afición ventajosamente mediática para los entonces parlamentarios denominados “denunciadores de oficio”. ¿Hasta dónde ello no privó entre las razones fundamentales para el colapso de la democracia que abrió paso al chavismo?

El espectáculo de este martes 30 de julio en la Asamblea Nacional, en el cual se allanó la inmunidad del diputado opositor Richard Mardo por supuestos actos delictivos, deja una dramática lección: siempre el tema fue usado contra funcionarios que obviamente disponían de recursos públicos. En este caso, la víctima es un opositor comprometido con las luchas populares y en esta ocasión se cruzaron acusaciones del mismo calibre entre oficialistas y opositores. ¿Qué quiere decir ello? Que la corrupción ya no es sólo una aberración del poder, sino que es un tema que arropa a la sociedad en general y que define la dramática conmoción que viven los venezolanos, sin que por esa vía se asome la posibilidad de rescatar la honestidad y la ética en la manera de gobernar. Para algo peor, como lo previó CAP, sirvió el Sierra Nevada.