ABC de la Semana

El ABC de Tamara Sujú – Abogada del Foro Penal Venezolano

“Los colectivos están mejor armados que las policías, actúan contra personas, la propiedad privada, propician saqueos”

Hemos recibido denuncias del uso de electricidad; de bolsas plásticas en la cabeza; de personas rociadas con gasolina. La justicia como tal no existe desde hace tiempo, pero la situación se ha agravado y ello es muy lamentable. El Gobierno ha actuado como si los estudiantes fueran unos malandros, señala esta defensora de los derechos humanos.

Manuel Felipe Sierra

Desde los sucesos de 2002 el Foro Penal Venezolano ha venido realizando una labor de atención a las personas detenidas, maltratadas y en algunos casos desaparecidas, junto a una lucha permanente por la defensa de los presos políticos. En ese equipo de abogados se destaca la persistente actividad de Tamara Sujú, quien ahora ofrece sus reflexiones para los lectores de ABC de la Semana.

— Se cumplen varias semanas de intensas protestas en las calles, fundamentalmente iniciadas por los estudiantes, en las cuales participan sectores sociales que revelan que existe un gran malestar nacional y que hay razones múltiples para protestar. El Foro Penal, ha estado atento a estas manifestaciones, porque ello sin duda ha generado una represión muy fuerte, que incluso ha tenido repercusión internacional. ¿Qué diferencias estableces tú entre la represión de estas protestas y las que se registraron en el pasado?

— La diferencia fundamental entre las protestas años anteriores y las que estamos viviendo ahora es la saña con la que los organismos de seguridad del Estado están tratando a los manifestantes. Yo creo que desde 2002, 2003 ó 2004, aquellos años muy duros, no veíamos esta represión. Sobre todo como te decía, con saña contra los manifestantes, contra los detenidos, y la violencia con la que están actuando. No solamente es lo que vemos en imágenes en las calles como los arrastran, como los golpean, como entre grupos de cinco y seis se van contra una sola persona y les dan con el casco, con el fusil, los patean y no le importa que la gente los vea, es como una manera de demostrar que ellos son la autoridad y pueden hacer lo que quieran porque nadie los va a investigar o a juzgar. Además de esto, teníamos desde las manifestaciones en Lara, luego de las elecciones de abril del año pasado, donde hubo más de 170 personas agredidas y aproximadamente 90 personas torturadas dentro del Regional de Barquisimeto. Desde esas protestas se ha acentuado la violencia contra las personas detenidas.

— También está el tema de la tortura…

—  Sí, hasta ahora, hemos abierto expedientes a 18 casos de torturas graves que vamos a exponer en diferentes organismos internacionales. Hemos recibido denuncias del uso de electricidad; de bolsas plásticas en la cabeza; de personas rociadas con gasolina; de ciudadanos pateados hasta que desfallecen prácticamente, y lamentablemente no hemos visto un sistema judicial venezolano que se haya abocado a conocer esas denuncias y que además, haya empezado a investigar o haya detenido o hecho algo para que esto no siga sucediendo. Como bien sabemos, es tan culpable el que está al mando de esos regionales, como quienes están perpetrando esas torturas.

— ¿Éstas son aplicadas fundamentalmente aplicadas por la Guardia Nacional Bolivariana o por los policías?

— Por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). Es decir, los tres organismos de seguridad del país han estado incursos en torturas. La GNB a nivel nacional; el CICPC tenemos entendido que en Carabobo y Caracas; y el SEBIN, hasta ahora, tenemos noticias de que ha sido en Caracas y en Mérida.

—  ¿Y estas personas que han sido torturadas ya se encuentran en libertad o deberán cumplir con un régimen de presentación?

— Seis de los torturados que han declarado frente a los tribunales en Caracas están en Polichacao, privados de libertad. Otros cinco o seis que fueron torturados por el SEBIN en Caracas tienen medidas cautelares y en Carabobo, hay seis personas bajo arresto domiciliario, que es el testimonio que más se ha conocido en la opinión pública sobre la violación de estos muchachos, lamentablemente.  Bajo medidas cautelares también están algunas personas que fueron torturadas en Mérida, Aragua y Lara.

— ¿Y las muertes?

— Tenemos el caso del ingeniero que murió en La Candelaria, quien lamentablemente murió por los golpes que le dieron. Hay testigos que aseguran que incluso dentro del Hospital Vargas la Guardia Nacional Bolivariana le seguía pegando con el fusil. También, lo que sucedió con las muchachas en Carabobo, quienes recibieron un tiro en la cabeza. Hay muchos heridos por perdigones, cuando está prohibido por el artículo 68 de la Constitución el uso de armas de fuego y de sustancias tóxicas en las manifestaciones pacíficas.

Represión desmedida

— ¿Qué explicación tiene eso? Porque llama la atención que cuando hay una represión masiva de la GNB en manifestaciones, éstos suelen disparar al cuerpo en caso de lo hagan, “porque es más seguro”, pero los disparos en la cabeza son como el signo del sicariato.

— Ese es la explicación de un policía, sin embargo yo no podría darte la afirmación de que eso sea así, pero definitivamente las balas a la cabeza son para que la persona no quede viva. Porque por ejemplo, la muchacha que recibió el perdigón el ojo no tenía vuelta atrás, si ella quedaba viva quedaba ciega y además, ese perdigón le hizo muchísimo daño en la masa encefálica. También, estamos llevando el caso de dos personas a las que el 12 de febrero en Caracas les dispararon en las piernas, como para que no corrieran. Lo que hay que dejar bien especificado es que el uso del arma de fuego está prohibido en las manifestaciones. Tenemos contabilizados más o menos a 144 heridos de balas, ¿Dónde están las investigaciones y donde está el gobierno prohibiendo el uso de armas de fuego en las manifestaciones? ¿Qué más prueban necesitan para decir que estos organismos están actuando de forma arbitraria y de forma inconstitucional? ¿Qué es lo que lo que sucede es que no hay respuesta hacia esto? Yo no sé qué otras pruebas necesita la Fiscal para investigar a estos funcionarios y para destituirlos.

— ¿Y la actuación de los grupos irregulares, paramilitares y colectivos?

— Los paramilitares están mejor armados que los policías y están actuando contra la propiedad privada, contra hogares, contra personas, propiciando saqueos, han herido a venezolanos y todavía no hay una investigación al respecto y no hay nadie que les ponga, como decimos en criollo, “un parao”. ¿Por qué? ¿Son una fuerza armada paralela en defensa de la revolución como lo afirmaba Iris Varela? ¿Tenemos acaso dos fuerzas armadas en Venezuela? ¿Quién controla a estos grupos?

— En diversas ocasiones ustedes han puesto en claro la deficiencia y los errores y la violación al debido proceso, en la situación que viven los perseguidos políticos. Pero señalabas que en este caso se dan otras características…

— Sí. En primer lugar las detenciones sin orden de aprehensión, detenciones que ni siquiera han ocurrido in fraganti delicto, como dicen la ley, los detienen después de que ha ocurrido un hecho, sin orden de aprehensión, los llevan a un centro de reclusión y los incomunican, no les permiten ver  a sus abogados o hacer llamadas telefónicas. Por lo tanto, surge en la familia aquello de “tengo a mi familiar desaparecido”, aquella angustia de buscar a ese familiar por toda Caracas por ejemplo. Nosotros hemos formado parte incluso de esas búsquedas, yendo a  todos los Regionales, a todos los Comandos Regionales de la GNB, al SEBIN, al CICPC, y no hay listas de personas. No permiten tampoco que los abogados puedan estar presentes en los interrogatorios, son presentados en los tribunales sin que la defensa conozca por qué fueron detenidos, los abogados se enteran en la audiencia cuando les dan cinco o diez minutos para ver el expediente. Es una violación total y descarada del derecho a la defensa; al derecho a estar asistido por un abogado; a conocer de qué están siendo acusados. Sin ningún tipo de explicación y sin que haya algo en los expedientes, porque en los expedientes de los casos que estamos llevando no hay nada que sustente por qué fueron detenidos. Por ejemplo, en los expedientes de quienes fueron presentados ante el CICPC, no hay ninguna prueba, no se señala específicamente a nadie. Ellos armaron un expediente general para acusar a varias personas. Y según el derecho penal, si no tienen pruebas para acusar a una sola persona de haber ejecutado un hecho punible no pueden ser detenidos. Es igual que en el caso de los comisarios del 11 de abril de 2002.

Violación de derechos

— ¿Es decir que no existe la justicia como tal?

— No, y yo creo que no existe desde hace tiempo. Lo que sucede es que se ha agravado y es muy lamentable, porque en algún momento se establecerá de nuevo el Estado de Derecho y estas personas que han sido violentadas, torturadas y que de alguna u otra manera han sido sometidas a la injusticia en Venezuela, van a querer justicia. Por ello, yo le digo a estos jueces, fiscales y funcionarios públicos que han cometido delitos de lesa humanidad que no nos olvidemos que los delitos de la lesa humanidad no prescriben y que las violaciones a los derechos humanos son delitos de lesa humanidad, sobre todo cuando están dirigidos a una población civil que piensa distinto.

— Y en relación a la gestión internacional, ¿la denuncia de estos hechos se van a consignar ante otras instancias?

— Nosotros ya denunciamos estos abusos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ellos tienen dos informes de lo que está sucediendo en el país, de lo que ha sucedido con estas personas que han sido detenidas y torturadas. En los próximos días estaremos instruyendo el expediente al Relator Especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre la Tortura y vamos a introducir el expediente también en la Corte Penal Internacional. Lo que queremos es recabar el mayor número de denuncias posibles, bien respaldadas, con fotografías, con exámenes, para que todo esto que estamos recopilando sea bien procesado.

— ¿Cómo ves el escenario de estas protestas? Como en el caso del Táchira, que comenzó el 4 de febrero y que en realidad es una protesta que ya tiene varios meses por problemas muy específicos en la zona. En Caracas comenzó con la movilización estudiantil por el Día de la Juventud, luego la detención de Leopoldo López. Incluso la primera manifestación fue exigiendo que liquidaran las divisas que los periódicos necesitan para importar papel. Pero esto se ha ido extendiendo y hay como un cuadro que hace presumir que estas manifestaciones van a  cobrar forma.

— Según he leído, estos manifiestos que los jóvenes estudiantes y los movimientos juveniles han emitido, ellos ahora tienen más razones para protestar. Si antes era por la inseguridad, el desabastecimiento o los problemas que cada estado tiene en sí; ahora protestan por sus compañeros presos, por el maltrato policial, por las injusticias que están cometiendo contra los detenidos, etc. El Gobierno ha actuado como si  los estudiantes fueran unos malandros, justamente cuando la delincuencia está desatada. El movimiento estudiantil exige la libertad de estos estudiantes y que quienes estén cometiendo estas violaciones a los derechos humanos sean destituidos y sean enjuiciados. También están pidiendo el desarme de los grupos colectivos y la elección de nuevos representantes de los poderes públicos, que ya están vencidos y para que alguna forma tengamos cambios en todos lo que es el directorio Ejecutivo, Legislativo y Judicial y además, podamos quizás encaminar a Venezuela hacia un cambio. Entonces yo veo muy difícil este escenario, porque el Presidente ha dicho que va a establecer un diálogo, que quiere dialogar, pero no se puede dialogar cuando una persona actúa de forma arbitraria, tal como él lo está haciendo.