ABC de la Semana

El ABC de Gustavo Sosa Izaguirre / Presidente de la Cámara de Comercio de Valencia

 

“No hay una guerra económica, sino una economía de guerra”

 

De profundizarse la crisis, podrían cerrar aproximadamente 90.000 empresas. Es necesario que se respete la propiedad privada. En Valencia, cayó en un 80% la producción de las empresas automotrices, señala el también miembro del directorio del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio).

 

Manuel Felipe Sierra

 

Es ampliamente reconocido como profesor de Derecho Constitucional, pero también se desempeña como dirigente empresarial, al frente de la Cámara de Comercio de una de las ciudades más importantes y más productivas del país. Estas son las reflexiones de Gustavo Sosa Izaguirre para los lectores de ABC de la Semana.

 

– El efecto de las recientes medidas tomadas por el Gobierno en materia cambiaria han generado preocupación porque al parecer, la nacionalización de las importaciones se va a canalizar a través del llamado “dólar marginal” y no a través del Sicad, lo cual implicaría un nuevo disparo para la inflación.

– La demostración del fracaso del modelo económico ideologizado del Gobierno es precisamente esta devaluación permanente, un proceso inflacionario indetenible, que los economistas llaman técnicamente estanflación porque es inflación con recesión, y por supuesto, esto viene profundizándose desde el año pasado. Se habló de cambios dentro del sistema cambiario, pero esos no son cambios, esto obviamente es una devaluación disfrazada que se ha ido socavando desde 2014 cuando se devaluó la moneda de 4,30 a 6,30 a través del Cencoex, luego el SICAD I a 11 bolívares por dólar, el SICAD II a 50 bolívares y ahora, arrancó el SIMADI a 170, y el Gobierno cree que eso no va a impactar en la economía pero por supuesto que sí, porque es un indicador referencial.

 

– Voceros del gobierno han asegurado que esta es una medida beneficiosa.

– Si esta medida fuese beneficiosa, hubiese logrado frenar el aumento del dólar paralelo. Lo dramático es que los controles no se han suspendido, no es que hay una política cambiaria distinta, no es que se ha desmontado el modelo, lo único que se puede entender como positivo del Simadi es que se abrió una oferta y demanda, y se despenalizó (porque se había satanizado por disposición legal) la libre compra y venta de divisas, pero se hizo después de todo un trauma, porque se cerraron casas de bolsas, se metieron personas presas precisamente por criminalizar la actividad cambiaria, que en cualquier país desarrollado es una actividad normal dentro de una economía de libre mercado que es la que está establecida en el régimen socioeconómico de nuestra Constitución.

 

– Y además es un sistema que tiene restricciones.

– Continúan las restricciones porque la asignación sólo se limita a 300 dólares diarios, 2.000 mensuales y 10.000 anuales, lo cual es insuficiente para satisfacer la demanda del país por una razón elemental: todas estas políticas confiscatorias de la propiedad, que atentan contra el régimen de propiedad privada, destruyeron el aparato productivo en un 80% y como consecuencia de ello hemos visto como se incrementaron las importaciones porque no se produce en el país. Pero lo que no entendió el Gobierno, a pesar de las recomendaciones que le hicieron Fedecámaras y diversos economistas es que el problema no es solamente modificar el sistema cambiario, es la supresión gradual de estos controles, es la supresión del modelo. El Gobierno no puede intervenir la economía porque cuando lo hace genera desconfianza, y más aún cuando la interviene para incautar bienes, para afectar la disposición de éstos (que son unos de los atributos fundamentales de la propiedad), cuando no paga, cuando la mayoría de las empresas alimenticias del país está en manos del Gobierno y están paralizadas y no conseguimos ningún producto.

Empresas en crisis

 

– Y cuando esas empresas funcionaban y pertenecían al sector privado los productos estaban en los anaqueles…

– ¡Claro! Y había diversos tipos de marcas porque se importaban otras, había competencia. Lo que establece que la inflación se detenga, que no siga creciendo y que haya una economía estable y equilibrada es precisamente que haya competencia, que los productos compitan por mejorar la calidad y disminuir los precios. La devaluación de la moneda y la escasez es lo que genera la inflación el país, y el producto más caro es el que no se consigue, por eso observamos el surgimiento de una serie de mecanismos que afectan la distribución y estimulan la especulación, como el bachaqueo, porque son mecanismos de sobrevivencia del ser humano no en una “guerra económica”, sino en una economía de guerra en la cual, debido a la escasez, la gente busca “ayudarse” revendiendo estos productos, y esto es consecuencia de la escasez y del desabastecimiento, que a su vez son consecuencias de la falta de producción en el país y de que no ha habido la importación necesaria de los bienes y servicios que pudieran sustituir la baja producción que hay en el país. Entonces lo preocupante es que teníamos en promedio a 96 dólares el barril de petróleo y ahora cayó el precio en un más de un 50%, en ese mismo porcentaje tememos que impacte en la adjudicación de divisas para importar y en los niveles de escasez y de desabastecimiento.

 

– Todo ello tiene un terrible efecto también en el salario de los venezolanos.

– Por supuesto, por los niveles inflacionarios y la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, el salario de los venezolanos todos los días se limita más a exclusivamente poder adquirir productos alimenticios y medicinas, porque no alcanza para otros sectores, los cuales terminaran viendo afectados y tendrán que cerrar sus puertas debido al incremento de la estructura de costos y por las pérdidas que tienen acumuladas. Por supuesto, eso generará más desempleo en el país y en consecuencia, mayor miseria. De acuerdo a los últimos indicadores que hace unos días dio la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) un 48,4% de hogares reflejan condiciones de extrema pobreza.

 

– Y es alarmante también el cierre de empresas.

– En 2009 teníamos en el país 650.000 empresas, para finales de 2012 y comienzos de 2013 447.000, y hoy por hoy no llegamos a 370.000, y de profundizarse la crisis económica en el país podrían cerrar aproximadamente 90.000 empresas más. Sabemos que hay más un 20% del sector comercio que después de Navidad están trabajando a medias por temor a recibir sanciones, pero que realmente no tienen inventario, no tienen qué vender y tampoco tienen dólares para importar.

 

– En todo este cuadro también tiene un peso muy importante el tema de la confianza.

– Para ello se requiere una política que permita estimular la producción, una política que brinde seguridad, porque sin confianza no hay inversión nacional ni extranjera. El año pasado cayeron en más de un 54% las inversiones extranjeras y en más de un 75% las nacionales, y ellos genera empleo y producción, sin eso es imposible sustituir las importaciones. Es necesario que hayan reglas claras de juego y que se respete la propiedad privada. Estamos viendo cómo pasaron la cadena de supermercados Día a Día a la Cadena Alimentaria del país bajo un régimen desconocido, que no está previsto, de una intervención “momentánea” donde el Gobierno va a administrar la empresa y va a disponer de sus bienes y eso no está permitido. El artículo 115 de la Constitución es sumamente claro con respecto al derecho de propiedad, que implica el uso, goce y la disposición de los bienes, y que sólo por sentencia definitivamente firme podría restringirse por el mecanismo de la expropiación el derecho de propiedad por causa de utilidad pública y social, y por confiscación cuando hay convicción de los delitos expresados en el artículo 116, pero todos deben derivar de una sentencia que efectivamente permita la restricción por las causas establecidas, pero jamás por una resolución administrativa porque ésta es una manifestación unilateral de voluntad de un funcionario público, y no se puede someter la economía a los caprichos y a la discrecionalidad de un funcionario, porque ello acentúa los niveles de desconfianza y aumenta la corrupción. Así mismo, el artículo 112 establece la libertad de comercio, de industria y de trabajo, y eso se está violando con todas estas fiscalizaciones.

 

Rectificación necesaria

 

– Como siempre, hay la necesidad de estimular la producción.

– Se necesitan medidas de estímulo a la producción y de sustitución de importaciones, que además establezcan reglas claras de juego para la economía y con la seguridad jurídica indispensable para la propiedad privada, para el emprendimiento, que es el que genera libertad y empleo. De cada diez puestos de trabajo el sector genera siete u ocho. Nosotros hacemos un llamado al Gobierno para que entienda que tiene que hacer esto. Los controles no funcionan. Este modelo económico ha fracasado en otros países y de no desmontarlo definitivamente se va a profundizar la crisis, la inflación y la escasez. Además, si el Gobierno no lo hace, de alguna u otra manera, el pueblo va a desmontarlo.

 

– ¿Cómo impacta este cuadro económico en Valencia?

– La situación es más dramática porque Valencia es el espejo del país. También podría decirse que Bolívar, Ciudad Bolívar y Puerto Ordaz son reflejo de la situación porque su economía se fundamenta en el manejo de las empresas básicas de Guayana, que están en crisis, paralizadas y con una caída de la producción de hasta un 70%. Pero en Valencia, por ejemplo, cayó en un 80% la producción de las empresas automotrices por el problema que tienen con las divisas, porque a través de la monopolización, el Gobierno está acaparando la distribución y la asignación de las divisas. Agregado a esto tenemos un metro que tiene paralizado a la ciudad, que además pasa por la arteria principal y vial, que es la avenida Bolívar. Porque el gobierno nacional tomó para sí la propiedad del 90% del capital accionario de la empresa Metro de Valencia, que en principalmente era del municipio. Además, todos los comercios adyacentes a las estaciones del metro paralizadas han sido víctima de la delincuencia, del abandono, de la falta de vialidad y tránsito, de hecho, muchos han cerrado sus puertas. Esa es la afectación general, amén de la mala administración de la prestación de los servicios básicos. En este sentido, no puedo perder la oportunidad de hacerle un llamado al gobernador de Carabobo, quien tiene una inmensa responsabilidad constitucional de ser la primera autoridad civil del estado, es una persona con una gran influencia dentro del gobierno central, fue presidente de la Asamblea Nacional, es directivo del Partido Socialista Unido de Venezuela, tiene todas las relaciones para poder pedir los recursos para el estado para reactivar la zona industrial de Valencia y darle apoyo a las alcaldías que lo requieren.

 

– Pero todo pasa por el cambio de modelo…

– Todo pasa y es imprescindible porque no se le siga dando la razón a Winston Churchill de que “el socialismo es la filosofía del fracaso, la predica de la envidia, el credo de la ignorancia y tiene una sola virtud: la distribución igualitaria de la miseria”, y miseria es desabastecimiento, escasez, inflación, cierre de empresas, y pasa precisamente por el desmontaje del modelo y que implica la supresión de los controles y tener una economía de libre competencia y de supervisión del Estado, pero no de intervención.