lunes, 25 de julio de 2016

ANÁLISIS

MERCOSUR: DE LA ECONOMÍA A LA POLÍTICA

Venezuela debería asumir la presidencia “pro-tempore” de MERCOSUR en la reunión de  cancilleres y ministros de economía del organismo  el 30 de julio en Montevideo, para cumplir con el trámite previsto para el ascenso al cargo por orden alfabético. Sin embargo, en esta oportunidad el encuentro estará copado por el debate promovido por el canciller de Paraguay Eladio Loizaga quien considera que “la idoneidad venezolana está cuestionada, derivada de la crisis interna que vive  el país por el incumplimiento de principios universales y de derechos humanos”. La declaración fue formulada hace unos días  por el diplomático paraguayo,  tras reunirse en Madrid con el ministro español de Asuntos Exteriores el señor  José Manuel García-Margallo.  

Esta posición que de alguna manera coincide con señalamientos de voceros diplomáticos de Brasil y Argentina, se contrapone a la reciente afirmación del presidente de Uruguay Tabaré Vázquez quien ha dicho que “en Montevideo se entregará la presidencia del Mercosur  al representante venezolano”. La reacción paraguaya no es nada nueva. El ingreso de Venezuela fue aprobado el 30 de julio del 2012 por los jefes de gobierno y luego por los respectivos congresos de Argentina, Brasil y Uruguay y negado por el  parlamento de Asunción; si bien el 18 de diciembre del 2013 la decisión fue rectificada, después de las tensiones registradas entre los gobiernos venezolano y paraguayo a raíz de la sustitución del presidente  Fernando Lugo, lo cual derivó en la suspensión de ese país del organismo  hasta tanto se realizaran las nuevas elecciones presidenciales en el 2013, en las cuales resultó electo el actual mandatario Horacio Cartes. 

La discusión en Montevideo planteará  la eventual aplicación del “Protocolo de Ushuaia”, que consagra  la Cláusula Democrática de la organización cuyo artículo 01 establece   “la plena vigencia de las instituciones democráticas es condición esencial para el desarrollo de los procesos de integración entre los Estados”. A diferencia de la Carta Democrática Interamericana de la OEA la aplicación del Protocolo obliga a un consenso entre todos los integrantes del organismo través de consultas entre ellos, y sin contar con la decisión del Estado afectado, que no participara en el proceso de decisión.
Mercosur surge en 1991 como un escenario económico e inicialmente comercial por iniciativa de los gobiernos de Brasil y Argentina  con el propósito de complementar las relaciones del comercio y de la industria de las dos naciones y con la participación de Paraguay y Uruguay, cuyas  economías si bien  resultaban asimétricas con los Estados promotores, representaban la posibilidad para la incorporación de nuevos miembros. Ya en 1995 se firmó un acuerdo de asociación con Bolivia y en el 2006 Venezuela solicitó el protocolo de adhesión  bajo los principios de “gradualidad, flexibilidad y equilibrio, reconocimiento de las asimetrías y el tratamiento diferencial”. 

La aproximación comercial de Venezuela con los países del sur comienza en firme durante el gobierno de Rafael Caldera 1994-1998 y de manera especial con Brasil tomando en cuenta el músculo energético del país y la necesidad de estimular las exportaciones no tradicionales hacia un amplio mercado en expansión. Luego, Hugo Chávez acentuó esta  política a raíz de los desencuentros planteados en el seno de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), grupo que a la vez proponía acuerdos complementarios con Mercosur. Si bien este esquema de integración se proponía  privilegiar su papel en el marco económico y comercial, el ascenso a las presidencias de Lula Da Silva en Brasil, Néstor Kirchner en Argentina y Evo Morales en Bolivia que compartían los mismos criterios sobre el fortalecimiento político de la región, facilitó una rápida compenetración con el proyecto económico de alcance continental de la revolución bolivariana encabezada por Hugo Chávez 

No es casual  que ahora la victoria de Mauricio Macri en Argentina (el día de su triunfo insinuó invocar el “Protocolo de Ushuaia”) y el gobierno provisional surgido con la suspensión de Dilma  Rousseff en Brasil, se haya colocado en la agenda del organismo, conjuntamente con la OEA, la posibilidad de activar los mecanismos respectivos que preservan la legitimidad de desempeño de los gobiernos latinoamericanos. En la próxima reunión de Montevideo no parece probable que tenga éxito la postura paraguaya toda vez que el Secretario General de la OEA Luis Almagro el 30 de mayo, en un escenario más idóneo y adecuado para su consideración,  planteó el tema siendo aun diferido para nuevas reuniones. 

ACUERDO OLVIDADO 

Mercosur tiene un antecedente poco conocido. En 1961  Janio Quadros gobernaba Brasil y  Arturo Frondizi  Argentina e iniciaron un serie de contactos y negociones para darle forma al Proyecto de Acuerdo de Amistad  y Consulta para lo cual  se realizaron varios encuentros en Uruguayana (Rio Grande del Sur) y el Paso de los Libres (provincia de Corrientes).  Se trataba  de un esquema de integración comercial y económica entre los dos países, pero también con una base política común para definir un espacio independiente durante una etapa crítica de la “Guerra Fría”, complicada  con la emergencia fidelista  en Cuba y la estrategia de la lucha armada en varios países de la región. Ambos mandatarios coincidían en una propuesta de izquierda que despertaba como era lógico la resistencia en lo interno de sectores militares vinculados a Washington. 

El Acuerdo fue firmado el 22 de abril y en el caso de  Brasil llevado al parlamento,  el cual no tuvo tiempo de discutirlo porque el 25 de agosto, Quadros fue obligado a renunciar. Frondizi, por su parte, consignó el proyecto al congreso donde durmió el sueño de los justos, hasta que un año después, el 29 de marzo de 1962, el mandatario fue derrocado por los militares.  Más allá de las circunstancia de aquel momento para algunos observadores el proyecto se frustró porque siendo su finalidad comercial y económica, terminó siendo influido por los intereses y necesidades políticas de ambos gobiernos. En aquel entonces no existían ni la Carta Democrática Interamericana de la OEA ni el “Protocolo de Ushuaia” de Mercosur. 





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