ANÁLISIS

GOBIERNO CIVICO- MILITAR DEL SIGLO XXI

Con frecuencia Nicolás Maduro recuerda que su gobierno es cívico-militar, un mensaje que es reiterado por los más altos funcionarios e incluso se especula que un oficial de máxima jerarquía sería designado en la Vicepresidencia Ejecutiva  lo cual le permitiría ascender a la Presidencia en previsión de  un resultado desfavorable en un eventual referéndum revocatorio en el 2017. Más allá de la influencia que suele tener el sector militar en las altas instancias políticas y en los más elevados niveles del Estado ¿sobre qué bases se define la naturaleza cívico-militar del gobierno venezolano escogido mediante el voto con claras reglas del juego?

La Constitución vigente en su Artículo 328 define su papel de la siguiente manera: “La Fuerza Armada Nacional constituye una institución esencialmente profesional, sin militancia política, organizada por el Estado para garantizar la independencia y soberanía de la Nación y asegurar la integridad del espacio geográfico, mediante la defensa militar, la cooperación en el mantenimiento del orden interno y la participación activa en el desarrollo nacional, de acuerdo con esta Constitución y con la ley. En el cumplimiento de sus funciones, está al servicio exclusivo de la Nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna”.

No obstante, en la reforma constitucional propuesta por Chávez en el 2007, y que resultó rechazada por la mayoría de los venezolanos se replanteaba  el tema en el Articulo 328 de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional en los siguientes términos: “la Fuerza Armada Bolivariana constituye un cuerpo esencialmente patriótico, popular y antiimperialista, organizada por el Estado para garantizar la independencia y soberanía de la nación, preservarla de cualquier ataque externo o interno y asegurar la integridad del espacio geográfico, mediante el estudio, planificación y ejecución de la doctrina militar bolivariana,  la aplicación de los principios de la defensa militar integral, la guerra popular de resistencia, la participación permanente en tareas de mantenimiento de la seguridad ciudadana  y conservación del orden interno”  en otras definiciones.

PRETORIANISMO CIVIL

En los últimos años, la tendencia de carácter militar se ha  acentuado con nuevos decretos por la vía habilitante durante el mandato de Nicolás Maduro lo cual reforzaría claramente una orientación  pretoriana, la cual según el diccionario DRAE significa: “influencia política abusiva ejercida por algún grupo militar”,  estableciendo una diferencia con el concepto tradicional del “militarismo” tan común en la historia venezolana y del continente.  Por esta vía también se explica la creciente influencia y presencia de la FANB en tareas políticas fundamentales y en responsabilidades administrativas tradicionalmente confiada a funcionarios civiles. Para los estudiosos, se trata de un fenómeno con explicaciones históricas.  El experto Domingo Irwin considera por ejemplo que “el pretorianismo venezolano no es solamente militar sino que presenta un componente civil pero no civilista que se explica como una constante histórica desde el siglo XIX  y sus caudillos hasta los mismos inicios del siglo XXI “; ya el historiador Enrique Bernardo Nuñez consideraba que “desde la Independencia, la historia de Venezuela ha sido una larga conspiración militar” porque si bien es cierto que el país ha padecido terribles dictaduras particularmente a principios del siglo XX con  Cipriano Castro y Juan Gómez también es cierto que la influencia militar, paradójicamente, ha sido un instrumento importante para conquistar los espacios democráticos.  La transición post-gomecista de Eleazar  López Contreras e  Isaías Medina Angarita abrió las puertas tímidamente al juego democrático y facilitó la insurgencia cívico-militar del 18 de octubre 1945  que durante tres años implicó el verdadero salto hacia la democracia con los mandatos de Rómulo Betancourt y  Rómulo Gallegos.

Si bien es cierto, que durante diez años en dos etapas se entronizaron los gobiernos pretorianos de Carlos Delgado Chalbaud, Germán Suárez Flamerich y finalmente la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, también el factor militar contribuyó entonces a forjar el cese de la etapa dictatorial y luego a la verdadera consolidación de las instituciones democráticas a partir del 23 de enero de 1958 hasta el presente.

EL CASO VENEZUELA

La intentona del Movimiento Bolivariano Revolucionario 200  fracasada del 4 de febrero del 1992 encabezada por Hugo Chávez encendió de nuevo las alarmas del golpismo tradicional que ya parecía sepultado definitivamente. Pero ahora se trataba de una generación de oficiales formados durante los gobiernos democráticos y en  el seno de una institución que había sufrido cambios en paralelo a los ocurridos en las instituciones es instancias  democráticas. El ascenso de Hugo Chávez al poder  se produjo seis años después de la intentona y  luego de un tránsito por las vías políticas tradicionales y mediante la decisión electoral de los venezolanos. El manejo  acertado de circunstancias que le parecían desfavorables ocurridas entre el 2001 y el 2004 y que condujeron a su reelección en el 2006 le despejaron a Chávez   el camino para un proyecto afincado en la legalidad democrática, pero ya con el peso de un creciente componente militar reconvertido  en años anteriores mediante leyes, reglamentos y planteamientos ideológicos que definen hoy  la llamada Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

Estas circunstancias le otorgaron a los gobiernos de Chávez y Maduro  la curiosa condición de mandatos cívicos-militares diferentes a las expresiones pretorianas tradicionales de América Latina (dictaduras abiertas como la del Cono Sur en los 80 o expresiones de “nuevo autoritarismo” como la de Juan María Bordaberry  en Uruguay y Alberto Fujimori en Perú),  y que singulariza  de esta manera al “socialismo del siglo XXI” en el sentido de que no luce exportable ni viable (como suele sostenerse  con frecuencia) en otros países  en los cuales el factor militar sigue apegado a los valores institucionales hemisféricos y cumplen con las tareas y responsabilidades las cuales asumió  por cierto en el país durante los gobiernos anteriores. En todo caso, sobrarían las definiciones académicas como el  “Estado cuartel”  de Harold Lasswell rescatada  recientemente por el experto Alberto Butto o simplemente  de “Pretorianismo indirecto” para otros investigadores.