ANÁLISIS:
EL RETO
OPOSITOR: IR O NO IR A LA ANC
Con
evidente premura, el Consejo Nacional Electoral dio comienzo al proceso para la
Asamblea Nacional Constituyente propuesta
por Nicolás Maduro. La presidenta del
organismo Tibisay Lucena, anuncio el cronograma para el evento precisando incluso
detalles y condiciones; y estableció su realización para finales del mes de
julio y su integración con 364 constituyentes territoriales y 181 sectoriales
para un total de 545 representantes, 5 más del número presentado en el proyecto
de bases comiciales entregado por el Jefe del Estado. Indicó además que los
ciudadanos que estén interesados en postularse como candidatos tendrán a su
disposición un espacio en el portal web del organismo para la inscripción que
será los días miércoles 31 de mayo y jueves 1 de junio. El rector Luis Emilio Rondón
(vocero opositor) afirmo que el tema no ha sido discutido y que se trata “ de
un apuro en atropellar un proceso, que el CNE tiene que garantizar que sea
justo, confiable, igualitario, transparenten y apegado a la Constitución”; pero
el hecho cierto es que ya se ha activado un mecanismo constitucional objetado y
rechazado por la MUD, organizaciones empresariales, autoridades universitarias
y reconocidos juristas, quienes alegan su inconstitucionalidad.
El
presidente Maduro mantiene la propuesta, como según ha dicho como una manera de
procurar un lugar de “convivencia
política y entendimiento nacional” toda vez
que las iniciativas para el diálogo entre los factores de la
polarización han resultado fallidos, al mismo tiempo que se complica y agrava
la situación económica y social del país; sin embargo, la forma en que ha sido convocada
así como su composición, apuntan hacia
modificaciones del texto constitucional para la profundización y radicalización del llamado “Proyecto
Bolivariano”. Tradicionalmente las constituyentes se convocan (y esa es la
experiencia venezolana) para legitimar
cambios de gobierno o cómo término de un
proceso de transición que requieren apelar a la voluntad popular; de esta
manera se explica la Constituyente del 1999
activada por Chávez, que se propuso abrir espacio para una etapa de cambios pacíficos, ante el agotamiento
del modelo bipartidista de la llamada “Cuarta República “.
COLOMBIA,
ECUADOR Y BOLIVIA
En
otras ocasiones se trata de apelar a la participación ciudadana mediante el
voto ante cuadros extremos de conflictividad
política o escenarios insalvables de ingobernabilidad. Suele citarse como
ejemplo de ello la constituyente colombiana de 1991 convocada conjuntamente con
la votación que eligió presidente a Cesar Gaviria, después de varios intentos fracasados de reformas para derogar la
constitución vigente desde 1886; en este caso también ella sirvió para la aproximación de los partidos políticos
y sectores sociales en busca de respuestas a la violencia guerrillera y del
narcotráfico.
En
Ecuador el candidato Rafael Correa gano la Presidencia en el 2006
con la promesa de una Constituyente (tal como ocurrió con Chávez en
1998) que habría de modificar la Constitución aprobada en 1998, es decir, con
vigencia de sólo 8 años por un nuevo
texto que sirviera de respuesta a una creciente inestabilidad política, con renuncia de
mandatarios y permanentes rebeliones y protestas, tal como ocurría entonces en
Bolivia con un fenómeno que fue bautizado por especialista como “el virus de los
Andes”. Sin duda, Ecuador recupero durante el mandato de una década de Correa un
clima de estabilidad institucional que fue propicio para nuevas políticas
económicas y sociales.
En
el 2006 Evo Morales fue electo como presidente
de Bolivia y el mismo año convocó a una Asamblea Constituyente para redactar un
nuevo texto y abordar también tensiones
y turbulencias políticas parecidas a las ecuatorianas, el tema de las autonomía
de las regiones e históricos enfrentamientos étnicos, en un proceso que fue
rechazado por la oposición y en el cual, no obstante se impuso el planteamiento
presidencial. La Asamblea redactó una nueva Constitución en el 2007, pero su aprobación definitiva fue
condicionada a dos referéndum el último de los cuales se realizo el 2009, siendo aprobado su
articulado por 61,43% de los electores, Bolivia
también entró en los últimos años en una relativa estabilidad parecida a la del
vecino Ecuador y ha logrado también la aplicación de políticas
económicas que significan crecimiento en los niveles de inversión y de ingresos
para la población.
La
experiencia colombiana fue producto de un consenso entre los principales
actores políticos, e incluso el grupo guerrillero “M-19” y que compartieron la
presidencia durante las reuniones; en Ecuador funciono también la necesidad de
un acuerdo para enfrentar la inestabilidad institucional que afectaba la vida
del país;, y en Bolivia la aprobación
final, con la críticas de la oposición a las condiciones que rodearon la
consulta, recibió el voto aprobatorio de la mayoría en un segundo referéndum.
SE VOTA O NO SE VOTA
En el caso venezolano la situación es distinta.
Si bien el recurso constituyente viene siendo manejado por sectores de la
oposición y grupos de especialistas desde hace varios años, e incluso el 2016 junto con el recorte
presidencial y el referendo revocatorio fueron alternativas contempladas por la
MUD, ahora sorpresivamente aparece como un polémico recurso utilizado por el presidente
Maduro ante un estado de violencia generalizado, la multiplicación de protestas en todo el
país y el agravamiento de los niveles de inflación, desabastecimientos y
escasez. El rechazo opositor a la iniciativa se explica porque su planteamiento
fundamental ha sido el respeto a las fechas para la convocatoria de elecciones de alcaldes y gobernadores, el reconocimiento
a la Asamblea Nacional y el
restablecimiento del orden constitucional obviamente alterado tal como lo reconoce incluso la Fiscal General
Luisa Ortegas Díaz. , una vez en marcha la convocatoria de la Constituyente a
los partidos opositores se le plantea el reto de desconocer el llamado,
declarar abiertamente la abstención o
acudir a ella con los reparos y críticas que han venido formulando al calor de
las nutridas acciones de calle que promueven en las últimas semanas y la
atención a los resultados de las encuestas que revelan el debilitamiento del gobierno y la existencia,
tal como se registró en las elecciones parlamentarias el 6 de diciembre del
2015, la existencia de una clara mayoría a su favor.
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