ANÀLISIS
TIEMPO
DE CONSTITUYENTE
Con
razón se señala que Venezuela tiene una larga y no siempre positiva experiencia
en materia constitucional. Desde 1811, con la Declaración de la Independencia, se
han aprobado 26 constituciones además de numerosas Enmiendas y Actas Constitucionales.
En el siglo XIX ello era explicable por cuanto las constituyentes buscaban
legalizar frecuentes cambios de gobiernos mediante sublevaciones victoriosas,
además de las perpetuaciones en el poder de gobernantes autoritarios y
dictadores.
Luego
en el siglo XX durante la dictadura de Juan Vicente Gómez, quien gobernó a lo
largo de 27 años, se aprobaron siete constituciones que tenían que ver con
modificaciones de la Presidencia de la República o ciertos cambios que no
implicaban necesariamente la premisa tradicional de la “Refundación del Estado”.
Si
bien a la muerte de Gómez, durante la transición presidida por Eleazar López Contreras
se hicieron modificaciones de la constitución gomecista de 1931 como la
reducción del periodo presidencia, será en 1946, durante el mandato de la Junta Revolucionaria
de Gobierno encabezada por Rómulo Betancourt cuando se realiza la primera
Asamblea Constituyente verdaderamente democrática con la participación de los
modernos partidos políticos y que abre paso a la modernidad venezolana, garantizando
el voto directo, universal y secreto para las mujeres y analfabetas, además de
consagrar derechos sociales que venían siendo exigidos desde tiempos atrás.
El
24 de noviembre de 1948 fue derrocado Rómulo Gallegos, se inicia una etapa de
gobiernos militares y mediante un acta rescatada de la Constitución de 1936 se convoca
a nueva elecciones para una Asamblea Constituyente en 1953. El 30 de noviembre
de 1952 se realiza la consulta y en ella resultan victoriosas las planchas de
los dos partidos opositores legales URD y COPEI. La elección es desconocida por
las fuerzas armadas y comienza el periodo dictatorial de Marcos Pérez Jiménez,
quien habría de gobernar durante cinco años con una constitución aprobada por la Asamblea ilegítima que regresa a varios de los
contenidos o artículos abolidos por el texto de 1947.
LA DEMOCRACIA
A
la caída de Pérez Jiménez el 23 de Enero de 1958 se inicia el verdadero proceso
de construcción de la democracia para lo cual era necesaria la aprobación de
nuevas bases constitucionales. El Presidente de la Junta de Gobierno Wolfang
Larrazábal, como era tradición en estos casos, propuso la necesidad de una Constituyente
que legitimara la transición democrática. La dirigencia política de entonces
representada por los líderes políticos históricos (Rómulo Betancourt, Jóvito
Villalba , Rafael Caldera y Gustavo Machado), escogió una vida distinta y menos
riesgosa en momentos de turbulencia política y decidió que el Congreso Nacional
que se elegía conjuntamente con el Presidente de la República tuviera poderes
constitucionales y de esta manera se aprueba la Constitución de 1961 que duraría
38 años hasta la Constituyente de 1999 convocada por Hugo Chávez una vez que
fue electo Presidente de la República, y que había sido una de sus
principales promesas electorales.
De esta manera nace la vigente Constitución Nacional
Bolivariana que ha servido de soporte a los cambios introducidos por el llamado
“proceso del chavismo”. El instrumento contempla importantes cambios en
materias significativas como los derechos humanos y la preservación del medio ambiente
además de definir la democracia venezolana como “participativa y protagónica”.
Sin embargo, en el 2007 el mismo Chávez propuso una reforma constitucional que
permitiría avanzar en el curso de un proyecto de cambios más sustantivos y que
facilitaran la consolidación de “socialismo del siglo XXI”. La propuesta fue
rechazada por el voto popular y a los siguientes meses mediante una Ley Habilitante
fueron convertidos en instrumentos fundamentales varios de los contenidos de la
reforma derrotada dando paso a un andamiaje jurídico que ha permitido hasta hora
el curso del proyecto bolivariano y que desde 2013, con la muerte de su líder fundador,
es encabezado por Nicolás Maduro.
Sin embargo el tema de la convocatoria a una
constituyente ha estado presente a lo largo de los últimos años toda vez que en
el país desde el 2001 se ha configurado una severa polarización política con
eventos como la salida del poder durante tres día del presidente Chávez por obra
de una acción militar con presión de calle el 11 de abril del 2002; y que
seguidamente generó acontecimientos durante ese año como la protesta milititar
en la plaza Altamira en octubre y el llamado a un paro nacional en el mes de
diciembre que se prolongo durante 63 días. Todo ellos obligó a la instalación
de una Mesa de Negociones y Acuerdos entre el gobierno y la oposición con mediación
de la OEA y en Centro Carter y la activación de un Referendo Revocatorio
Presidencial que culmino con la ratificación
del gobernante.
Si
bien las constituyentes se conciben para aprobación de nuevos textos
constitucionales o modificaciones importantes del vigente, con el tiempo ha
sido un mecanismo necesario para legitimar cambios de gobiernos y también para
abordar situaciones de ingobernabilidad o crisis políticas terminales. Desde
aquellos años sectores importantes del país han planteado la conveniencia del
recurso constituyente para enfrentar una polarización entre dos visiones del Estado
y con posturas ideológicas discrepantes que ha determinado la severa crisis
planteada en los últimos meses y que pareciera conducir a un creciente cuadro
de violencia.
EL PODER
ORIGINARIO
El
primero de mayo del 2017 y luego de resultar infructuoso el llamado a un
dialogo entre los factores en pugna y ante un cuadro generalizado de violencia el
presidente Nicolás Maduro apeló a los artículos 347,348 y 349 de la Constitución
para convocar un proceso constituyente. Un planteamiento que desde el 2003 ha
sido levantado por sectores de la oposición como una manera no sólo de
reinstitucionalizar al Estado si no de encontrar espacios de encuentro para la
convivencia política tal como ha ocurrido en otros países enfrentados a situaciones
extremas de conflictividad. El llamado presidencial fue rechazado por la
Asamblea Nacional como una “iniciativa fraudulenta” y en la misma dirección se pronunció la Mesa
de Unidad Democrática (MUD) que agrupa a la mayoría de los partidos opositores,
así como a reconocidos constitucionalistas. El CNE por su parte, ya recibió el planteamiento formal y se dispone a definir los detalles necesarios
para la realización de la consulta, mientras que se profundiza la pugnacidad y en las calles se registran desde hace un mes
violentas acciones con saldos de muertos, cientos de heridos y detenidos,
además de cuantiosos daños materiales por obra de saqueos y operaciones vandálicas.
Más allá de los reparos técnicos o formales de la propuestas los cierto es que
ante circunstancias que escapan a los mecanismo convencionales de la
negociación política, pareciera no quedar otro camino que colocar la situación
en manos de la voluntad popular mediante el recurso del voto universal, directo
y secreto de la mayoría de los venezolanos.
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