Análisis
VENEZUELA:
70 AÑOS EN LA OEA
A
lo largo de sus 70 años, la Organización de Estados Americanos (OEA), ha tenido
en Venezuela quizás el socio más activo y polémico. Su nacimiento el 30 de
abril de 1948, en Bogotá, una ciudad poblada de escombros y cenizas por los
disturbios sociales provocados por la muerte de Jorge Eliecer Gaitán, estuvo
vinculado a las exigencias de la llamada “Guerra Fría” y la política
norteamericana de “contención del comunismo”. Rómulo Betancourt, jefe de la
delegación venezolana, en su discurso destacó la transcendencia del evento pero
advirtió los riesgos de que resurgieran las fuerzas del clásico regresionismo
militarista en el continente. Su temor se hizo realidad pocos meses después
cuando Rómulo Gallegos fue derrocado por militares golpistas. A los cuatro años
la Conferencia Interamericana fue convocada en Caracas en marzo de 1954 durante la dictadura de
Pérez Jiménez y entre otros, con el
claro objetivo de legalizar acciones militares contra el gobierno de Jacobo
Arbenz en Guatemala, al que Washington consideraba “al servicio de una potencia
extranjera”. Su principal resolución despejó el camino para que el 18 de junio
ya se consumara la invasión del coronel Castillo Armas desde Honduras contra el
mandatario guatemalteco. La OEA por la tendencia dominante de los gobiernos
miembros servía entonces de paraguas legal a la llamada “Internacional de las
Espadas”.
Tiempo de
democracia
A
comienzo de los años sesenta, se perfiló la tendencia a favor de gobiernos
nacidos de la voluntad popular y que habrían de convivir en una búsqueda
difícil, ciertamente, con los remanentes de las viejas dictaduras. Rómulo
Betancourt, ahora como presidente constitucional, habría de encabezar el
refrescamiento de la institución. En agosto de 1960, en la VI Conferencia en
San José de Costa Rica, Venezuela presentó pruebas que involucraban al dictador
dominicano Rafael Leónidas Trujillo como responsable de un atentado contra el
propio Betancourt y se aplicaron por primera vez los términos del Tratado Interamericano
de Reciprocidad que significaron sanciones económicas y el bloqueo diplomático
de la isla. Ese mismo mes, y en la misma capital la VII Reunión de Cancilleres
aprobó una resolución inicial sobre Cuba, cuando aún no se conocía el rumbo
ideológico de la revolución, por considerar “incompatible con el sistema
interamericano toda forma de totalitarismo”. Después de otras condenas, en
1963, el gobierno venezolano apeló de nuevo al órgano de consulta para activar
el mismo tratado “frente a los actos de intervención y agresión del gobierno de
Cuba” luego que en las costas venezolanas fuera capturado un arsenal de armas
enviado desde La Habana para ayudar a grupos insurreccionales, y al año
siguiente se condenó al régimen fidelista como “culpable de intromisión en
asuntos venezolanos”.
Ya en abril de 1963, Betancourt en su último
año de gobierno habló desde la tribuna principal de la OEA y definió lineamientos
en correspondencia con los cambios políticos ocurridos en el continente en lo
que se conoce como “Doctrina Betancourt”, aunque él prefería definirla más bien
como la “Posición Betancourt” que condenaba los gobiernos que no hubieran
nacido de las consultas democráticas. La
consolidación de gobiernos productos de la voluntad popular, (pese a la etapa
dictatorial en el Cono Sur) fue consolidando esta doctrina y como la línea de
comportamiento del organismo. En septiembre del 2001, se aprobó en la
Conferencia de Lima la Carta Interamericana Democrática que legitima a los
gobiernos no sólo por su origen sino también por su desempeño, a propósito de
la experiencia ocurrida con el gobierno peruano de Alberto Fujimori. Por cierto
que 10 años antes, en 1991, en la Conferencia celebrada en Santiago de
Chile, a pocos meses del regreso de ese
país a la democracia, el presidente Carlos Andrés Pérez envió al mandatario
Patricio Aylwin un papel de trabajo en el cual recomendaba la conveniencia de
ampliar la vigilancia de los gobiernos ante la tendencia autoritaria ya en
marcha con el mandatario peruano.
Renuncia y
suspensión
El pasado 5 de junio, la Asamblea de la Organización
en Washington con la presencia del Secretario de Estado Mike Pompeo y la gestión directa del Vicepresidente
Mike Pence, Estados Unidos presentó una resolución que declara la “ilegitimidad”
de las recientes elecciones presidenciales, “la alteración del orden
constitucional” y se decidió además avanzar en el proceso para la exclusión del
país mediante una votación de 19
votos a favor, 4 votos en contra y 11 de
abstenciones. Desde mayo del 2016, el “Caso Venezuela” ha cobrado el principal
protagonismo en la organización ya con la Secretaria General de Luis Almagro (quien
fue promovido entre otros mandatarios por el propio Maduro) y con la petición
de que se aplique la Carta Democrática Interamericana tomando en cuenta las
dimensiones de la crisis política, económica y social que vive el país agravada
por la fuerte corriente de migrantes que se refugian en otros países latinoamericanos.
Han sido dos años con reuniones polémicas para obtener la mayoría requerida. En
2007, el gobierno venezolano como un caso único anunció finalmente su retiro de
la OEA, cuya implementación requiere un término de dos años.
Consecuencias
Si bien, en esta oportunidad la propuesta
norteamericana no cumplió con el propósito de la exclusión sin duda la
proyección del debate y los cambios políticos en la composición del organismo
abiertamente desfavorables al régimen venezolano, añaden un nuevo elemento a un
clima de opinión que se alimenta cada día con los niveles de hiperinflación, la
violencia social y la fuga de nativos.
Al mismo tiempo la sanción acentuaría el aislamiento en el marco
continental lo cual permitiría nuevas medidas restrictivas en el ámbito comercial
que complicarían el cuadro interno. Para José Miguel Vivanco, presidente de
Human Rights Watch (HEW), quien ha estado muy atento al tema de los derechos
humanos la medida sería un error, y en la misma línea se han pronunciado
voceros opositores como el diputado Enrique Márquez, quien sostiene que “hay
que mantener a Maduro en la OEA para seguir presionándolo con los mecanismos de
control que existan; porque entre suspensión y expulsión hay una diferencia”.
Maduro, en cambio, anunció ya que en abril del 2019 cuando se cumplan los dos
años para la salida ha convocado a “una gran fiesta nacional”. Un matrimonio que duró 70 años.
No hay comentarios:
Publicar un comentario