DIAS DE RADIO

AL COMPAS DE LOS DIAS

DIAS DE RADIO

15/07/2009

MANUEL FELIPE SIERRA

Ahora  le toca a la radio. Son 240 emisoras que están en el limbo jurídico. CONATEL (después de dos años de haberse vencido sus concesiones) convocó a un censo para que las estaciones afectadas se pusieran a derecho. Por supuesto, en un término perentorio y en unas condiciones imposibles de ser satisfechas plenamente en el plazo previsto. El resultado ya estaba calculado: limpiar por esta vía el llamado “latifundio radioeléctrico” de acuerdo a la conveniencia de la “hegemonía comunicacional”. ¿Ello quiere decir que la experiencia de la lucha contra el latifundio en el campo funcionará de la misma manera en el ámbito de la radio y la televisión?.

Cabello también anunció una reforma a la ley de telecomunicaciones. El texto vigente sería demasiado “neoliberal” y por ello es necesario acoplarlo a las exigencias del “modelo socialista”. De entrada, los circuitos radiales y televisivos se reducirán a solo tres emisoras y televisoras; y las transmisiones nacionales (no se dice qué pasará con las competencias deportivas) no podrán exceder de 30 minutos por día. ¿Estas disposiciones, como sería lógico, regirán también para la estructura mediática del chavismo? Y aquí entra en juego una definición de fondo. Todo Estado tiene derecho a informar y dar a conocer sus políticas. Pero como ocurre en las democracias, es una vertiente informativa más que se confronta con visiones plurales y que desembocan en el torrente de la opinión pública. Ese concepto no vale en los modelos totalitarios. En ellos el objetivo es claro: copar todos los espacios y cerrar las ventanas de la disidencia democrática.

Sin embargo, sería un error limitar la amenaza a las decisiones de CONATEL y las explicaciones del ministro Cabello. Globovisión todavía espera una sentencia que podría decretar el cierre definitivo. Las televisoras por cable también serán intervenidas. La ley de ejercicio del periodismo será reformada, en unos términos, que buscan la inoperancia del CNP. La Fiscalía General inventa los llamados “delitos mediáticos”. Es decir, se trata de una “razzia legal” contra los medios democráticos en su conjunto. Los afectados no sólo serán los sectores involucrados en la comunicación sino fundamentalmente la ciudadanía vigilante que es en definitiva, la verdadera depositaria del derecho humano a la libertad de expresión e información.